La renuncia asu empleo de 22 años de ejercicio del abogado defensor de oficio que se le
había impuesto al Encargado del Despacho de Rectoría de la Universidad Autónoma
de Sinaloa (UAS), doctor Robespierre Lizárraga Otero, además de generar
incertidumbre es una “celada” en contra de las autoridades universitarias
involucradas en este proceso.
A través de
los micrófonos de RadioUAS, Lizárraga Otero y el Asesor Jurídico de la UAS,
doctor Ramón Bonilla Rojas, coincidieron en que este “no es un procedimiento
normal” ya que aduce un efecto corruptor por la forma en que se está
desarrollando. Informaron de lo ocurrido en la audiencia para nombramiento de
abogado que se llevó a cabo este viernes, derivada de la audiencia para revisión
de medidas cautelares del martes 13 donde el Juez le impuso al primero un
defensor de oficio y se le sumaron otros tres abogados públicos.
“Que sorpresa
que cuando me presento y debería estar la Defensoría Pública el señor no llegó”,
expresó Lizárraga Otero al detallar que a media audiencia y sin haber receso se
presentaron espontáneamente un grupo de defensores públicos quienes le informan
que el abogado de oficio José Francisco Martínez Reyes renunció a su empleo por
motivos personales, sin poder corroborar si en realidad lo corrieron, terminó
nombrando a un defensor privado y en una semana el Juez fijará la fecha para
reanudar la audiencia del martes.
“Lo que aquí
me preocupa evidentemente sin tener más información y datos, es qué suerte está
corriendo este defensor, no quisiera pensar que producto de la actuación de él
en la audiencia del martes 13 haya tenido alguna consecuencia: que le hayan pedido
su renuncia, vamos a estar pendientes de esa situación (…) nada ha sido
ordinario y normal en este proceso (…) “estos acontecimientos lo que generan es
incertidumbre”, expresó.
Consideró que
está de por medio la seguridad jurídica de quienes acuden a las audiencias por
la forma en que éstas se desarrollan.
“Las causas penales
que se están enfrentando son consecuencia de que se está defendiendo la Autonomía,
son delitos inventados y fabricados, que lamentablemente las instituciones de
procuración, investigación e impartición de justica están controladas por el Estado
y aunado a una narrativa mediática hostil en contra de la Universidad tienen todo
este crispado ambiente en contra de la Universidad”, aseguró.
El abogado
Ramón Bonilla Rojas coincidió en que este no es un procedimiento normal y
afirmó que “son procedimientos jurídicos que se utilizan para ajuste de cuentas
con enemigos políticos”, para los enemigos del estado, son procesos penales “amañados”
que carecen de rigor jurídico y que atienden a una venganza política, pues el
ahora ex Secretario de Gobierno dijo públicamente que los universitarios eran
enemigos del estado.
Enfatizó que a
los universitarios imputados se les quiere imponer una defensoría pública,
cuando la defensoría pública depende de la Secretaria General de Gobierno y
ésta responde a los intereses del Gobernador, y se deben tener presente las
declaraciones del ex secretario de gobierno y del propio Gobernador quién dijo
que los funcionarios universitarios deben terminar en la cárcel, por lo que ni la
Fiscalía, ni el Poder Judicial local pueden pretender que haya un defensor público
porque se está viciando el procedimiento.
“Está claro
que a quien le quieren poner una celada es a los funcionarios de la universidad
porque quieren o pretenden que ni siquiera tengan un defensor particular, quieren
que el defensor público de los universitarios sea un defensor público que
responda a las órdenes del Poder Ejecutivo, mayor abuso que ese no puede haber”,
manifestó.
El director de
Comunicación Social, ingeniero Arnoldo Valle Leyva, agregó que la Universidad
está trabajando para que regrese el doctor Jesús Madueña Molina a la Rectoría y
en cada área de la institución se mantienen las labores para seguir
construyendo y creando en bien de los jóvenes sinaloenses, mientras que
Lizárraga Otero llamó a los universitarios y a la sociedad a informarse bien
para que tomen una postura que será la de defender a la Universidad pública, y
que se sumen a las movilizaciones seguros de que están en el lado correcto.
