Siendo un derecho Constitucional el de iniciar Leyes, las diputadas y los diputados del Partido Sinaloense, presentamos este día, 5 iniciativas que reforman y adicionan la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial; la Ley Orgánica del Congreso; Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; Ley de Seguridad Pública; y se presenta un Decreto para expedir la Ley de la Comisión para el Desarrollo Minero. Todas del Estado de Sinaloa.

El objetivo es la implementación de los incentivos de emergencia; para que los avisos y notificaciones a las entidades públicas que, por disposición de esta Ley, está obligado a hacerlo, se puedan hacer a través de la firma electrónica; establecer  un sistema de incentivos denominados; apertura a la confianza; reducción de plazos; y afirmativa ficta, como un instrumento de estímulos a la reactivación económica durante periodos de emergencia; desarrollar un perfil policial cada vez más profesional; y, Ley de la Comisión para el Desarrollo Minero del Estado de Sinaloa, como órgano responsable del desarrollo, promoción, ejecución y dirección de las políticas públicas tendientes a la detonación y crecimiento de la actividad minera.

“Con estas iniciativas estamos impulsando el desarrollo económico de nuestro estado apoyando a los generadores de empleo, también, que los entes que tengan que notificar, lo puedan hacer por medio de redes sociales con una firma electrónica siendo mucho más rápido y eficiente, apoyar a profesionalizar a los policías de todo el estado, y por último, regular la actividad minera en nuestra entidad”, expresó la coordinadora de los diputados del partido Sinaloense, Alba Virgen Montes Álvarez.

Con la presentación de estas iniciativas las y los diputados del Partido Sinaloense estamos cumpliendo con la reactivación económica de nuestra entidad y al mismo tiempo estamos apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo en Sinaloa y proponemos que se cree la Comisión para el Desarrollo Minero del Estado de Sinaloa, como órgano responsable del desarrollo, promoción, ejecución y dirección de las políticas públicas tendientes a la detonación y crecimiento de la actividad minera en el Estado de Sinaloa. .

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