Por: Jesús Villavicencio

Catedrático Universitario PMC

Desde el 2018 se ha desarrollado un fenómeno que paulatinamente podría manifestarse en una situación de crisis de la democracia en nuestro país, con las instituciones y procedimientos electorales como uno de los múltiples potenciales epicentros.

Esto, debido a que desde el anuncio del plan de austeridad del entonces Presidente electo, el INE, representado por su Presidente, ha tenido que posicionarse oficialmente respecto de las políticas del nuevo gobierno en lo concerniente al órgano electoral. En el marco de la miscelánea fiscal para el presupuesto 2019, el Consejero Presidente del INE declaraba que para el año en curso esta institución recibiría el presupuesto más bajo en su historia.

Este año nuevamente hay roces relacionados con el tema presupuestal, lo cierto es que las instituciones y los procedimientos electorales de nuestro país podrían, y de hecho deberían ser un poco más austeras, lo mismo que los partidos políticos. Este es un tema que necesariamente debe ser abordado informada, ética y responsablemente para avanzar por la vía del construcción del consenso mediante el diálogo en el proceso de consolidación de nuestra democracia.

Sin embargo, el tema financiero no justifica comprometer los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad que deben regir el funcionamiento de la autoridad electoral del país, mucho menos justifica intentos por buscar cambiar el diseño de las instituciones, los tiempos de duración, ni los mecanismos de designación de sus titulares, puesto que en nuestro país las elecciones se celebrarán en lo sucesivo de forma concurrente, a menos que se busque cambiar esto también.

En este punto se debe precisar que el problema no son los cambios, el problema es la intención que con base en la historia que subyace en las acciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, mismo que controla el partido del que emanó el Presidente, quien además tuvo ya su episodio con el Poder Judicial.

No se trata de defender, ni de atacar a nadie. Se entiende que una transformación del País implica tomar acciones que lleven a cambiar el estatus quo para beneficio de los mexicanos. Sin embargo, es de reconocerse que una cosa es limpiar a las instituciones de la corrupción, incluidos los órganos constitucionales autónomos, y otra es la toma sistemática de estas, por muy buenas que sean las intenciones que postule el gobierno.

Los órganos constitucionales autónomos son dispositivos institucionales del Estado para ejercer funciones que garanticen la consolidación y el funcionamiento adecuado de la democracia mexicana, por eso es necesario respetar su autonomía e independencia, lo que no significa lo mismo que dejar de ejercer el sistema de “pesos y contra pesos” para vigilar y fiscalizar su funcionamiento; esta es una función sustantiva del poder legislativo.

Según el artículo tercero de nuestra Carta Magna, desde su reforma en 1943, el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, ese criterio entre muchas otras cosas importantes, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Este es el proyecto de sociedad que desde el sistema educativo se busca edificar después de que el texto anterior estableciera, desde 1934, una educación de carácter socialista y aquí un dato interesante: Lázaro Cárdenas promulgó la reforma de 1934 y su figura está presente en el logotipo de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Breviario cultural aparte, se trae a colación el tema del criterio democrático que orienta la educación en nuestro país, porque las generaciones milenials y centenials hemos sido formadas en esa tesitura, y por consecuencia, una modificación a las “reglas del juego” para la configuración y funcionamiento de las instituciones o de los procedimientos electorales que eventualmente desemboquen en una crisis democrática en el país no será bien recibida y tendremos que salir a las calles, pacíficamente, a hacernos escuchar.

Ya quedó claro durante el gobierno anterior que los jóvenes sabemos hacer más que publicar y debatir en redes sociales. Cuando la situación lo amerita somos capaces de adquirir conciencia social y manifestar nuestras inconformidades y plantar cara al sistema para posicionarnos informada, responsable y activamente sobre los temas que nos involucran actualmente o que nos comprometen o comprometen a las familias que recién estamos formando o que deseamos formar.

Un escenario como el que se plantea, de entrada, compromete la estabilidad del país. Además, si la modificación a las reglas del juego permite que el grupo que gobierna obtenga el fin que se presume que persiguen, este es mantenerse en el poder y paulatinamente totalizar el ejercicio del poder público, entonces esto bien podría ser el inicio de un retroceso en el proceso de democratización de México, proceso que tanto tiempo, recursos y esfuerzo ha costado a los mexicanos.

Es claro que hay un problema en la cuestión electoral, deben ser reducidos al mínimo posible el presupuesto de los órganos electorales (y de los partidos políticos) mediante estrategias y métodos más eficientes para el ejercicio de la función estatal que desarrollan mediante el ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales para el desarrollo de los procesos mediante los que se renuevan los titulares de los órganos mediante los que se ejercen los poderes de la unión, pero en condiciones que le permitan rigirse bajo sus principios constitucionales.

No es necesario modificar la configuración y el funcionamiento de las instituciones y procedimientos electorales si lo que se busca es evitar el manejo discrecional o arbitrario de la autoridad electoral, hay otros mecanismos constitucionales y legales de los que el grupo en el poder puede “echar mano” para buscar “equilibrar la balanza” en la integración de estas instituciones electorales, solo hay que esperar los tiempos para el nombramiento de nuevos consejeros.

Y es que de alguna manera es “normal” que en una democracia en consolidación, el partido en el poder emprenda la toma sistemática del poder instituido una vez instalado en el gobierno, pero eso no le da derecho a usurpar el ejercicio de funciones estatales que por su trascendencia para la vida democrática del país fueron encomendadas a instituciones autónomas, tampoco le da derecho a modificar las “reglas del juego” solo porque puede, menos si esa modificación le resultaría potencialmente favorecedora.

Lo anterior se plantea puesto que honestamente, nada de lo propuesto hasta ahora en este rubro hace mucho sentido en la lógica de consolidación de la democracia de nuestro país, al contrario, han sido motivo para que académicos, periodistas, políticos y demás actores sociales salgan a posicionarse en defensa de la democracia y el Estado de Derecho, como en su momento se ha hecho con el caso INEE, con el caso Bonilla, con el caso Culiacán, o el polémico “manotazo” en el tema de la CNDH y muchos otros durante este primer año de ejercicio constitucional. Las instituciones electorales ya legitimaron el triunfo del partido en el poder y de otros partidos antes, ya demostraron ser efectivas. El problema es de orden ético y moral como en la mayoría de las instituciones y entidades públicas del país, y que se manifiesta como corrupción, simulación y/o impunidad. Ahí es donde hay que entrarle en serio.

Es importante que el INE haga su trabajo y se ajuste a la situación actual del país desde su autonomía constitucional. Esto con independencia de que sean ejercidos los mecanismos institucionales para investigar y sancionar la actuación de los funcionarios de los órganos electorales que incurran en infracciones a la ley, para eso contamos con el procedimiento de Juicio Político, no hay necesidad de comprometer la estabilidad futura del país por alterar la configuración y funcionamiento de las instituciones y procedimientos electorales que han permitido el arribo de diferentes partidos políticos al ejercicio del poder público sin desatar situaciones crónicas de crisis política o inestabilidad social.

Esto no significa, que el sistema electoral y de partidos con el que contamos en México no se perfectible, todo lo contrario, pero este proceso de consolidación debe apuntar hacia la ciudadanización, profesionalización y fortalecimiento de la autonomía e independencia de las instituciones electorales, así como su la vigilancia y fiscalización de su funcionamiento ¿Usted qué opina?

Comparta con sus amigos









Submit